Se necesita una hoja de ruta económica

Reproducimos aquí una versión de este artículo aparecido ayer en el diario El Mundo.

de Michele Boldrin

Desde hace demasiado tiempo tengo la impresión, cada vez más fuerte, de estar escribiendo siempre el mismo artículo de opinión sobre la economía española. Desde al menos la primera mitad de 2007 – cuando estaba prohibido hasta pronunciar públicamente palabras como “crisis” o “recesión” –vamos repitiendo siempre las mismas letanías: las cajas están en quiebra, el mercado de trabajo es dual y está paralizado, la financiación autonómica y el gasto de las autonomías son una amenaza para las finanzas publicas, los salarios y la organización productiva de los empleados públicos deben ser reducidos los primeros y reformada la segunda, los servicios deben ser liberalizados, es urgente una reforma fiscal (más IVA, menos cotizaciones e IRPF sobre la renta laboral, menos impuestos sobre la renta empresarial, impuesto patrimonial y no sobre transacciones económicas), la universidad no genera capital humano de la calidad adecuada  y necesita cambios radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a todo esto, me encuentro una vez más escribiendo las mismas cosas cinco años después y, aunque sea la primera vez que lo escribo en este diario, no es una buena sensación. Todo lo contrario: hacer esto da, cada vez más, una sensación de inutilidad y, en particular, genera una fuerte preocupación por nuestro futuro.

La razón es muy sencilla y también repetida varias veces: frente a crisis financieras como la que España vive, la rapidez y la globalidad de la intervención resultan ser los factores determinantes. El problema de España, hoy, es el crecimiento, no es el déficit público: este último es la consecuencia más evidente y peligrosa de la falta de crecimiento que mantiene atada la economía española desde hace cinco años. Esta observación no implica, como muchos creen, que las medidas de austeridad y los recortes sean innecesarios, al contrario, deberían haber sido adoptados mucho antes y hacen falta todavía bastantes más. Pero las medidas que llamamos de “austeridad” solamente sirven para reducir una fiebre (medida por el nivel del spread de nuestra deuda respecto a la alemana) que podría matar al paciente antes que las medicinas pudieran afectar a la verdadera enfermedad. Y la verdadera enfermedad consiste en la falta de crecimiento: nunca llegaremos a un equilibrio presupuestario estable y satisfactorio si el PIB español no vuelve a crecer a tasas del 2 o 3% al año. La falta de crecimiento se debe, en el corto plazo, a tres factores: el estado comatoso de nuestro sistema financiero; los enormes desincentivos a la inversión y a la creación de empleo generados por nuestro sistema fiscal y de cotizaciones sociales; y la gran incertidumbre sobre las políticas económicas futuras. Este último factor es frecuentemente infravalorado pero es muy importante y es desde por ahí, creo yo, por donde hace falta empezar. Con una expresión que se ha puesto de moda en los últimos años, repitamos una vez más que España necesita una “hoja de ruta”, que esta hoja de ruta solamente se la puede dar el Gobierno de España en su total autonomía, que debe ser una hoja de ruta que indique no solamente las medidas para los próximos meses sino hasta el final de la legislatura y que debe ser exhaustiva y públicamente anunciada.

Lo de la exhaustiva es fundamental, tanto por el hecho de que la hoja de ruta debe ser el producto de una decisión gubernamental independiente y que debe ser anunciada, y debatida, públicamente por la opinión publica española. Consideren el siguiente hecho: ninguna de las medidas que, hace dos días, el Presidente del Gobierno anunció en las Cortes sorprendió a nadie y, desafortunadamente, ninguna de estas medidas implica el gran cambio de rumbo que seguimos esperando. De hecho, las más relevantes entre ellas (IVA, cotizaciones, vivienda, subsidio de paro) habían sido auspiciadas por varios expertos desde hace muchos meses y eran “obvias” en el sentido más sencillo de la palabra. Entonces ¿por qué se ha esperado hasta el último momento útil para adoptarlas, dando a todo el mundo la impresión que lo hacemos solamente porque nos fuerzan desde Bruselas, Frankfurt y Washington? Dicho de otra manera, ¿por qué hemos dado la impresión – o llegado hacer realidad – de que España haya sido de hecho “intervenida” si no hacía falta que lo fuera y no queremos ni que esto ocurra ni que tres artículos de opinión de cada cuatro en la prensa nacional e internacional lo den como un hecho? Estos sucesos aumentan la incertidumbre y hacen que los potenciales inversores o bien se escapen o bien se queden a la espera de momentos más propicios. Y si los inversores no invierten el empleo no sube, el PIB baja y el déficit fiscal resulta imposible de cerrar. Lo que la iniciativa política debe tener es la capacidad de romper ese círculo vicioso. ¿Qué hacer, entonces?

Poner encima de la mesa y forzar un debate público explícito sobre las cuatro reformas más urgentes y fundamentales: financiera, fiscal, de la seguridad social y de los servicios. Esta última, en realidad, es tan amplia y abarca tantos sectores (transportes, aeropuertos, comercio y distribución, educación e investigación, sanidad, aparado del estado) que no voy a entrar en ella para evitar decir obviedades confusas; habrá que volver sobre el asunto cuando se ofrezca una oportunidad. Las otras tres, sin embargo, son bastante claras, ya que el análisis y el debate económico sobre estos asuntos siguen desde hace años y han llegado a un consenso que, si no es generalizado entre los expertos, es suficientemente amplio para justificar que se muevan ahora las fichas políticas. De hecho, un artículo de Luis Garicano en el blog Nada es Gratis en fecha 11/7, junto a varios artículos precedentes, por parte del mismo autor y de Tano Santos y en el mismo blog, aclaran y explican de manera exhaustiva lo que seria útil hacer. Mi impresión es que las medidas allí sugeridas son compartidas por nuestro Ministro de Economía y son más o menos las mismas a las cuales ha llegado el equipo ministerial de la Plaza de Cuzco. Lo que falta, creo yo, es un cierto sentido de urgencia y la decisión de anunciar públicamente estas medidas. Mi esperanza es que esto ocurra cuanto antes.

Algo parecido sirve para la política fiscal y de la seguridad social (que incluye el subsidio de desempleo). Las medidas anunciadas el lunes por el Presidente del Gobierno sobre estos temas son correctas, pero incompletas y demasiado parciales. Nuestra economía necesita una reforma fiscal radical, sin la cual dudo seriamente que puedan llegar a España aquellas inversiones que los cinco millones de parados esperan. También aquí existe un consenso entre los economistas que creo es compartido por el Ministro de Hacienda y sus expertos: reducir impuestos sobre las rentas y sobre las transacciones económicas aumentando los impuestos indirectos y patrimoniales y reformando la estructura de la financiación autonómica no son temas para “después” de que salgamos de la crisis. Son temas para hoy y adoptar estos cambios es crucial para salir de la crisis. Finalmente: el sistema de pensiones y el subsidio de desempleo son todavía demasiado generosos, dado lo que la economía española se puede permitir y, más importante, están diseñados de una manera que incentivan el paro y el trabajo sumergido. Debemos tener el coraje de explicárselo a los parados, a los jubilados y a los que se jubilarán: si seguimos con estos sistemas nos haremos mucho daño y, con alta probabilidad, acabaremos hundiendo nuestro sistema de protección social. Reformarlos es la única manera para defenderlos.

España tiene un futuro y puede ser, en el plano económico, un futuro muy brillante. Estamos retrasando su llegada porque, aún después de cinco largos años de crisis, la opinión pública y las elites políticas siguen negando la radicalidad de los cambios necesarios. El problema ya no es económico – en el sentido de la investigación económica – sino que es político y hasta cultural.

Nada es Gratis

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